Larreta desaloja ilegalmente a familias del barrio Carlos Mugica (villa 31-31 bis)


Hace 8 años por unanimidad la Legislatura de la ciudad aprobó la Ley N° 3.343 que estableció la  re-urbanización del Barrio Carlos Mugica bajo el principio de la radicación definitiva. Un punto de inflexión, porque durante décadas las intenciones estatales estaban orientadas a su completa erradicación. Y ante los temores razonables de que la re-urbanización pueda implicar alguna forma de expulsión arbitraria, por parte del gobierno, en la Ley se estipuló una máxima garantía para los habitantes del barrio: que “la implementación del proyecto de re-urbanización no implicará desalojo forzoso alguno” (art. 9).

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Este derecho reconocido por la Ley N° 3.343 y promesa política dada por todos los partidos políticos que la aprobaron (incluidos el PRO y la Coalición Cívica)  fue destruido por el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

A través del Decreto N° 61/2018 de su autoría, se autorizó el desalojo de las personas y bienes de las Casas N° 15 y 21  de la Manzana N° 12 del Sector Cristo Obrero del Barrio 31.

No sólo Horacio Rodríguez Larreta violó flagrantemente la Ley N° .3.343 sino también la Ley N° 5.733, por la cual se autorizó el cambio de la traza de la Autopista Illia.

El art. 9 de esta ley obliga al GCBA a “garantizar una solución habitacional definitiva a los habitantes que resulten afectados por la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, tomando como referencia los parámetros establecidos por la Ley 3343.

¿Qué parámetros? El principal, justamente que no se pueda desalojar a familias sin su consentimiento y sin que éstas acepten la solución habitacional definitiva propuesta por el GCBA.

En el día de hoy, 24 de febrero de 2018 a las 9 am, fuerzas de la Policía de la Ciudad y funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana (a cargo de Diego Fernández), ingresaron en la vivienda de estas familias haciendo uso de la fuerza, las desalojaron y demolieron sus viviendas, con total desacuerdo de sus habitantes. Utilizaron la fuerza represiva del estado para desalojar violentamente quebrando leyes de la Ciudad. También hirieron con gas pimienta a otros habitantes del barrio que protestaban frente a esta violencia institucional e ilegalidad grave.

Frente a la falta de acuerdo de las familias de mudarse a unas viviendas construidas en el sector Containera, cuya construcción realizadas sin participación ha generada fuertes protestas y resistencias (Ver informe previo[1][2]), Rodríguez Larreta decidió emplear ilegalmente la facultad de hacer uso de la fuerza para desalojar inmuebles que tengan peligro de ruina[3]. Para esto argumentó  falsamente la situación de riesgo estructural de las viviendas. La verdadera intención fue liberar los terrenos para avanzar con la única obra que tiene prioridad dentro del proceso de integración social y urbana: La obra millonaria e inútil del cambio de la traza de la Autopista Illia (Ver informe aquí[4]).

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Las familias no tuvieron derecho de defensa para cuestionar la orden de desalojo administrativo. Fueron notificadas el mismo día del desalojo. Tampoco tendría efecto que recurran la decisión porque sus viviendas ya fueron demolidas. Tanto es el apresuramiento del GCBA que el Decreto N° 61/2018 no aún publicado en el Boletín Oficial. Además de este decreto los funcionarios de la Secretaría de Integración Social y Urbana amenazaban a las familias con denuncias o quitarles a sus hijos. Extorsiones correspondientes a gobiernos completamente autoritarios.

Incluso el Decreto N° 61/2018 sólo autorizaba la desocupación administrativa (porque la excusa era el peligro de ruina, el peligro de ruina no implica necesariamente la demolición porque los vicios pueden subsanarse) no autorizaba la demolición de la vivienda. Surge claro que la razón no era el falso peligro de ruina sino demoler las casas para que puedan hacer la obra de la Autopista Illia.

Esta situación es una ejercicio de prueba del gobierno de Rodríguez Larreta para avanzar con la expulsión del barrio. Si no estás de acuerdo con sus decisiones aplicaran decretos de desalojo administrativos, porque como ya lo denunciaron años anteriores en la justicia, para el gobierno del PRO, todo el barrio está en peligro de ruina.

Fuente: Obsevatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)