Mestelán: “Quienes ‘sabotean’ las escuelas son las propias autoridades del CPE”


Gabriela Mestelán calificó de “absolutamente desafortunadas” las declaraciones la Presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez, quien habló de “acciones de sabotaje” en las escuelas. Para la diputada de Encuentro Ciudadano, se trata de “enmascarar los años de falta de mantenimiento y descuido de la infraestructura escolar”.

publicidad
“El gobierno está profundizando el ajuste en las escuelas de Santa Cruz”, cuestionaba días atrás la diputada Gabriela Mestelán, en referencia al “cierre de cursos en toda la provincia”. En esas declaraciones, la legisladora ya calificaba de “inconcebible que se hable de ‘escuelas de lujo’ cuando se siguen perdiendo días de clase por problemas de infraestructura que nunca se resuelven”.

En las últimas horas, le legisladora de Encuentro Ciudadano –que además integra la comisión de Educación en Cámara de Diputados– publicó un escrito a través de redes sociales en el que cuestiona con dureza a la autoridades del Consejo Provincial de Educación.

EL ESCRITO DE MESTELÁN

Considero absolutamente desafortunadas las declaraciones de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Profesora María Cecilia Veláquez, tratando de enmascarar los años de falta de mantenimiento y descuido de la infraestructura escolar, aludiendo “acciones de sabotaje”. Esa es la expresión que la máxima autoridad del CPE utilizó a través de un comunicado oficial y en declaraciones periodísticas.

¿Quién puede imaginar que desbordes cloacales, falta de agua, deficiencias en sistemas de calefacción, en el marco de una historia de descuido estructural de la infraestructura edilicia de todos los edificios públicos de Santa Cruz, son fruto de sabotajes?

Es evidente que las autoridades educativas no tienen intención de que el organismo que presiden funcione como tal. Un cuerpo colegiado que funciona como un Ministerio, que gobierna por resoluciones de Presidencia y no por acuerdos. Un Consejo Provincial que avanza desarticulando áreas que funcionaban bien, como el de infancia y juventud, o el equipo de equidad, por ejemplo. Un Consejo que cierra cursos cuya matrícula está contemplada en el mismo instrumento legal que cita para hacerlo. Un Consejo que no contempla que la equidad educativa no se mide en número, sino que el número tiene que estar al servicio de la integración de alumnos con capacidades diferentes y que acompañar procesos de aprendizaje y potenciar la construcción de conocimiento requiere del tratamiento personalizado que se puede hacer con 15, 20 o 25 alumnos, nunca con la cantidad de alumnos que ‘amontona’ el Consejo en aulas donde habría que constatar si cumplen con la normativa que establece infraestructura escolar de 1 a 1,30 mts. por alumno de acuerdo a las edades y tamaño del mobiliario de las aulas.

Lea también:   Mestelán: “El oficialismo busca eliminar la comisión provincial de ética pública”

Seguimos insistiendo en que el plan SIGO, aunque ahora sí tiene instrumento legal (la resolución 0903 del 18 de mayo), no garantiza la implementación ni la certificación de títulos. Y aún no ha comenzado más allá de reuniones informativas a la enorme cantidad de alumno/as que han puesto sus expectativas en este anuncio.

Anuncian en el Salón Blanco de Casa de Gobierno lo que ya funcionaba, las radios socioeducativas, y no hablan de lo que no hacen y la ley marca con contundencia y claridad: descentralizar el sistema, universalizar la sala de 3 años en todos los jardines de la provincia, establecer la jornada extendida en las escuelas primarias, fortalecer las escuelas secundarias y de jóvenes y adultos, potenciar la integración, crear los consejos consultivos que faltan: el consejo consultivo de Políticas Públicas y el consejo consultivo de Educación Superior. Sólo han creado el Consejo de Educación, Trabajo y Producción por el que firman convenios con gremios para ofrecer capacitación en orden a la demanda laboral, lo cual es bueno sólo si no se negocia el principio de que la educación para una persona, en toda etapa de la vida, es muchísimo más que la respuesta a las demandas del mercado.

El sistema educativo lejos de acompañar procesos de emancipación, con esta administración autoritaria acentúa su centralismo y arbitrariedad. De manera constante el Consejo Provincial de Educación prescinde de las voces fundamentales de la comunidad educativa. Vale mencionar lo inaudito que significa que los directivos tengan que avisar a los supervisores si alguien quiere visitar la escuela. La autonomía de gestión está garantizada por la Ley Nacional y la Ley Provincial. Las instituciones escolares definen sus normas de convivencia, sus maneras de relacionarse y trabajar en red de manera autónoma en el marco de lo que la ley establece.

El Consejo de Educación no puede hablar de formar alumnos/as con pensamiento autónomo y crítico si los maestros intentan ser democráticos, en un sistema educativo que está siendo gobernado de modo autoritario.