El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado – CDP.ATE. Santa Cruz – pone en conocimiento a los trabajadores dependientes de la administración pública central, entes autárquicos centralizados y descentralizados, haciéndolo extensivo a los medios de comunicación social y a la opinión pública en general el siguiente comunicado.
Si el análisis de los hechos producidos a posteriori no tiene en consideración alguna, soslaya y discrimina obviando lo actuado por la intervención empresaria; las medidas de acción directa llevadas adelante por las organizaciones sindicales con ámbito de actuación legal y representación empresarial y siempre en defensa de su fuente laboral bajo el amparo de la ley de Asociaciones Profesionales los Convenios Colectivos y los derechos laborales constitucionalmente resguardados en un estado de derecho en plena vigencia; entonces sí, y solo así, si no hubiera motivo desencadenante o causal que lo justifique, se podría llegar a catalogar el accionar como ilegal y dar intervención al accionar judicial. La confirmación del embargo y procesamiento judicial no hace alusión alguna a la resolución empresarial de despedir – sin causal de despido – trabajadores y trabajadoras para reducir gastos.
Ahora bien: la justicia da lugar al embargo y procesamiento de dirigentes sindicales como del entonces Secretario General del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado, Alejandro Garzón, de la Seccional de ATE Río Turbio y delegados sectoriales; de Luz y Fuerza, La Fraternidad y APS. A ellos, compañeros de lucha en esta causa común, tal es, la defensa irrestricta de la carbo-estatal YCRT y los puestos de trabajo, nuestra solidaridad.
El poder judicial, con celeridad procesó a los dirigentes sindicales y trabajadores. Pero no accionó ni tomó intervención ante las innumerables denuncias por mala praxis por parte de la intervención y puestas de manifiesto por las organizaciones sindicales. Vaciamiento. Desinversión y Tercerización. Manejo discrecional del presupuesto e incumplimiento de derechos y beneficios convencionales. Ahí, la justicia, no solo tiene los ojos vendados, tiene también los oídos tapados, la boca amordazada y las manos atadas. Según el santo, así las oraciones.
Con este accionar, no cabe duda alguna que se quiere disciplinar a los trabajadores, acallar las voces, impedir manifestaciones en defensa de derechos conculcados y coartar el movimiento sindical como herramienta válida de defensa de los derechos laborales. Hoy, como ayer, lo más revolucionario es mantener el trabajo, no perderlo; y mucho más si es injusta la causal de despido. Ahora bien: el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se está capacitado. Y ante la falta de conocimiento y capacidad de quienes asumieron la conducción de los destinos de YCRT, la pregunta, es: ¿La variable de ajuste, deben ser siempre los trabajadores? Definitivamente, no. Si los poderes de turno pretenden que los trabajadores acepten sin miramientos despidos sin justa causa y no atinen, encolumnados con las organizaciones sindicales y su dirigencia, a una férrea defensa de sus derechos laborales, pues, están perdidos. Quienes circunstancialmente hoy, por elección de los trabajadores, estamos al frente de una organización con una jalonada historia en defensa de los derechos laborales como lo es la Asociación de Trabajadores del Estado no vamos a cejar en ello. Las denuncias y procesamientos no van a amedrentarnos. Procesados y embargados por estar al frente de los 800 trabajadores y trabajadoras despedidos sin justa causa.No era un tiempo para tibios, y nosotros, no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Somos ATE. En defensa de los trabajadores y el estado. Siempre.
OLGA REINOSO – Secretaria General del CDP Santa Cruz.
